lunes, 17 de abril de 2017

En las emergencias, las niñas, niños y adolescentes son primero

El Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia y la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), elaboraron un documento que recoge las recomendaciones para la priorización de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situaciones de emergencia. Dado que los derechos de los niños y las niñas son los primeros en ser vulnerados en situaciones de desastre, es importante contar con lineamientos para su adecuada protección. Así también, luego de la emergencia, se deben restablecer primero los derechos de los NNA en la fase de reconstrucción. 

Identidad:

  • Garantizar que todas las personas afectadas tengan documentos de identidad (DNI), debiéndose emitir de manera gratuita los duplicados que se requieran. Solicitar a RENIEC que realice brigadas para registrar con prioridad a niños, niñas y adolescentes.
  • Registrar a las personas afectadas y damnificadas, mediante un padrón único. Esto permitirá que se les brinde atención universal, adecuada al tipo de afectación producida, aun cuando no se encuentren en situación de pobreza.

Salud:

  • Reponer íntegramente los Servicios de Salud Pública, activar los hospitales y centros de salud, reponer la dotación de medicamentos, vitaminas y micronutrientes para niños y niñas.
  • Asegurar que se cumpla el calendario de vacunaciones para niños y niñas.
  • Acciones de prevención que eviten el surgimiento de enfermedades infecciosas y epidemias transmitidas por insectos, como el Dengue, Zika y Chikungunya.
  • Garantizar la entrega de repelentes y mosquiteros especialmente para proteger a las gestantes, niñas, niños.
  • Asegurar el abastecimiento de agua segura a la población afectada, así como la provisión de servicios de saneamiento, recojo y eliminación de excretas, así como el adecuado manejo de los residuos sólidos.
  • Atención especializada y oportuna a las mujeres embarazadas y lactantes.
  • Atención temprana, psicológica y emocional, para niños, niñas, adolescentes y población vulnerable que lo requiera.
  • Atender las necesidades de juego y recreación para los niños y niñas y solicitar a las escuelas que implementen estrategias lúdicas.
Nutrición:
  • Contemplar la entrega de una subvención económica a sus padres y/o madres, de manera temporal a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la familia.
  • Mantener el control de crecimiento y desarrollo de niñas y niños, así como la suplementación alimentaria, y la provisión de micronutrientes incluyendo hierro.
  • Coordinar acciones de acompañamiento, comunicación y educación con las familias, especialmente con los padres y cuidadores para promover los comportamientos protectores clave: mantenimiento de la lactancia materna y fortificación de la comida de los niños/as entre 6 meses a 3 años agregando un sobre de micronutrientes, una vez al día en dos cucharadas de comida espesa.
Educación:
  • Verificar las condiciones de infraestructura de los locales escolares y rehabilitación de aquellas que hayan resultado afectadas y estén disponibles para el inicio de clases.
  • Reubicar a las familias que están usando colegios como refugio temporal para que los niños y niñas reinicien sus clases.
  • Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos para la rehabilitación y reconstrucción de las Instituciones Educativas afectadas.
  • Verificar la asistencia regular de docentes y estudiantes. Averiguar si existen casos de deserción o abandono escolar vinculados a la situación de la familia, pérdida de viviendas, desplazamientos u otros.
  • En las zonas en donde si iniciaron clases verificar las condiciones del inicio del año escolar y funcionamiento del programa Qali Warma.
  • Verificar que niños, niñas y adolescentes damnificados tengan útiles escolares y uniformes.
  • Incorporar acciones de recuperación, apoyo emocional y psicológico en las escuelas para que niños, niñas y adolescentes expresen sus ideas y sentimientos sobre lo ocurrido y cómo sobrellevarlo. Incluir acciones dirigidas a docentes y padres.
Cuidado familiar, protección contra la violencia y explotación: 
  • Activar el sistema de protección local por parte de las instituciones que tienen que velar por el bienestar de niños y niñas.
  • Incorporar medidas para enfrentar los problemas de seguridad y protección ciudadana. Existe evidencia que la violencia contra la niñez (abuso sexual, violencia física, psicológica, trata de personas, explotación sexual) se tiende a incrementar en situaciones de emergencia. Los desastres ponen en situación de vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes, exponiéndolos a diversas formas de explotación y esclavitud.
  • Asegurar los servicios de atención y protección como los CEMs, DEMUNAs, Comisarías y fiscalías. Estos servicios deben tener a la mano información sobre cuán vulnerables son las localidades en emergencia a acciones de trata de personas y alertar a funcionarios y población en general.
  • Difundir la línea 100 para casos de violencia y la línea 1818 para denunciar casos de trata de personas.
  • Los Centros de Emergencia Mujer y la Línea 100 de ayuda deben informar a la población en especial mujeres, niñas y niños, sobre sus servicios y personal a cargo de la atención por violencia familiar (física, psicológica y sexual)
  • Garantizar la seguridad y protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en los albergues y módulos de vivienda temporal, mediante espacios diferenciados para dormir (adultos de los niños y niñas), y servicios higiénicos para varones y mujeres. Los albergues deben ser temporales por seguridad física de los afectados, pero el Estado debe dar la posibilidad de reubicación progresiva.
  • Considerar las situaciones de Niños y niñas con habilidades diferenciadas, brindarle la atención adecuada, como su seguridad.
Opinión y participación:
  • Garantizar la participación de organizaciones de niños, niñas y adolescentes (Sociedad Civil organizada) en los procesos de toma de decisiones, seguimiento y presupuesto de la inversión pública.
  • Consultar y considerar la opinión de las familias afectadas en el proceso de rehabilitación y reconstrucción.
  • Considerar la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) con enfoques de género, interculturalidad, y la participación de niñas, niños y adolescentes, en la formulación y actualización de los Planes de Desarrollo Concertado (PDC).
  • Fortalecer los Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes como espacios de propuestas en la gestión local y regional y de vigilancia sobre el cumplimiento de acciones de protección a la niñez y adolescencia.
  • Recuperar los instrumentos de participación ciudadana existentes, como son el Presupuesto Participativo (PP) y los Planes de Desarrollo Concertado (PDC), los Planes de Igualdad de Oportunidades (PRIOS) y los Planes de Acción por la Infancia y Adolescencia.
Para evitar que sus derechos sean afectados nuevamente, necesitamos planificación local, regional y nacional, con enfoque de derechos y de gestión del riesgo de desastres.

Para hacer realidad lo planificado es clave garantizar el presupuesto para bienes y servicios que se requieren.

Para los siguientes pasos hacia la reconstrucción y el rol que asumirán las familias en ese proceso, es indispensable considerar las características geográficas del territorio y las capacidades existentes en la población que lo habita.