La Defensoría del Pueblo publicó el informe El derecho de los niños, niñas y
adolescentes a vivir en una familia: la situación de los Centros de Atención Residencial estatales desde la mirada de la Defensoría del Pueblo
Aquí trasncribimos la presentación:
Para la Defensoría del Pueblo, contribuir a garantizar
que el respeto y la vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes sea realidad, constituye un compromiso fundamental. Prueba de ello es la creación, en el año 2006, de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia como un órgano especializado en la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La labor desarrollada en estos tres primeros años ha permitido identificar –como uno de los problemas que afecta dramáticamente la vida de algunos niños, niñas y adolescentes–, la situación de abandono que deben enfrentar, principalmente, por la carencia de soporte familiar.
Los niños, niñas y adolescentes que sufren abandono o se encuentran en riesgo potencial de estarlo, residen
en los Centros de Atención Residencial (CAR), denominados así a partir de la promulgación, en el año 2007, de la Ley Nº 29174, Ley General de Centros de Atención Residencial.
En cumplimiento de su atribución constitucional, en el año 2006, la Oficina Defensorial de Lima de la DeDefensoría
del Pueblo
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fensoría del Pueblo efectuó la primera supervisión a 12 Unidades Operativas del Programa Integral de Bienestar Familiar (Inabif) en el ámbito de Lima Metropolitana,
que brindaban atención integral especializada
a niños, niñas y adolescentes. Esta supervisión
permitió constatar ciertas deficiencias tanto en la prestación de servicios básicos como en la organización
de dichas unidades, deficiencias que afectaban a derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes
que residían en ellas.
Durante los años 2007 y 2008, los comisionados y comisionadas
de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
visitaron algunos CAR ubicados en Lima. En estas oportunidades se advirtió no solo la subsistencia
de los problemas identificados en las visitas del año 2006, sino la presencia de nuevos problemas.
Los hallazgos de estas visitas, así como la escasez de estudios sobre el funcionamiento de los CAR, determinaron
la necesidad de realizar un informe defensorial
que constituyera un primer diagnóstico sobre las condiciones en las que funcionan, sobre el nivel de respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
que residen en dichos centros administrados por el Estado y sobre el trabajo que se realiza para lograr su reinserción familiar y social.
La situación de los CAR desde la mirada de la Defensoría del Pueblo
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Obviamente –y más allá de estipulaciones legales–, ningún análisis o diagnóstico puede ser llevado a cabo sin recoger la voz de las personas involucradas, más aún si éstas son niños, niñas y adolescentes.
Sus percepciones, sus deseos, sus miedos y sus frustraciones
constituyen el punto de partida del presente informe. Conocer lo que ellos y ellas sienten, piensan o desean es absolutamente conmovedor, pero sobre todo, se requiere hacer una seria llamada de atención al Estado y la sociedad. ¿Qué estamos haciendo para que su permanencia en los CAR sea temporal y lo más breve posible? ¿Qué estamos haciendo para que sus derechos sean respetados? ¿Qué estamos haciendo
para garantizar que se cumpla su derecho a vivir en una familia?
En este informe no pretendemos responder a cada uno de estos cuestionamientos. Lo que buscamos es posicionarlos
como los ejes fundamentales de las políticas públicas, planes y programas destinados a proteger a los niños, niñas y adolescentes en situación de abandono.
Esperamos contribuir a que los organismos estatales
competentes adopten medidas destinadas a devolverles a nuestros niños, niñas y adolescentes su derecho a vivir en una familia.
No debo poner término a estas líneas sin agradecer de manera expresa el apoyo del Fondo de las NacioDefensoría
del Pueblo
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nes Unidas para la Infancia (Unicef) cuyo apoyo técnico
y financiero fue fundamental para elaborar el presente informe, la colaboración de los funcionarios y funcionarias del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – Inabif, de los gobiernos regionales
y de las Sociedades de Beneficencia que facilitaron a la Defensoría del Pueblo la información requerida y, finalmente, a los jefes y jefas, así como a los comisionados
y comisionadas de las distintas oficinas y módulos defensoriales donde existen CAR, que apoyaron el trabajo
de los equipos profesionales que se desplazaron desde Lima para efectuar las visitas de supervisión.
Lima, abril del 2010
B
eatriz Merino Lucero
D
efensora del Pueblo
Pueden encontrar el informe completo en la siguiente dirección:
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-defensorial-150.pdf
