Save the Children saluda proyecto de ley que prohíbe castigo físico y psicológico hacia niños

Save the Children saluda el proyecto de ley presentado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y aprobado por el Consejo de Ministros que prohíbe la aplicación de toda medida correctiva que atente contra la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, independientemente del vínculo, que exista con ellos y del espacio en el que se desarrolle.

Según el Informe Mundial contra la violencia hacia niños y niñas de Naciones Unidas, en el mundo el 80% de niños son víctimas de castigo físico y psicológico. Por ello, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros es clave para poner fin a este tipo de violencia.

De acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer, entre enero y diciembre de 2011, los Centros de Emergencia Mujer brindaron atención a más de 11 mil niños, niñas y adolescente víctimas de violencia familiar y sexual.

"Esperamos que el Congreso de la República apruebe la iniciativa que permitirá a los niños y niñas estar protegidos frente a una de las principales formas de violencia tal como lo reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño" declaró Teresa Carpio, Directora de País de Save the Children.

Si este proyecto de ley es aprobado Perú podría ser el cuarto país de América Latina, junto a Costa Rica, Uruguay y Venezuela, en prohibir el castigo físico y psicológico hacia niños, niñas y adolescentes.

“INFANCIA SIN VIOLENCIA” QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 50 MIL NIÑOS

Con el fin de buscar la integración y el fortalecimiento de los sistemas para la protección de la infancia en situación de vulnerabilidad; Save the Children lanza el proyecto binacional “Infancia sin Violencia. Sistema para la protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, que cuenta con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

“El proyecto tiene como objetivo promover la protección de la infancia, a través de un trabajo articulado y conjunto entre las instituciones del Estado y la sociedad civil para lograr una mejor atención a los niños que son víctimas de violencia”, refirió Teresa Carpio, Directora de Save the Children.

La ceremonia de lanzamiento estuvo presidida por Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo; General Eric Romani, Director de la División de Familia de la PNP y Teresa Carpio, Directora de Save the Children en Perú, quien manifestó que el proyecto beneficiará a más de 50 mil niños de ocho regiones del Perú (Lima, Ica, Loreto, Cuzco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco).

El trabajo en las ocho regiones identificadas como zonas de vulnerabilidad frente a situaciones de violencia se desarrollará de la mano con instituciones socias que se encargan de la implementación en cada región, tales como Acción por los Niños (Lima), Capital Social y Humano – CHS (Iquitos), JM Arguedianos (Huancavelica), CODEH ICA (Ica), INFANT (Iquitos), Kallpa ( Cusco, Ayacucho y Apurímac), Paz y Esperanza (Huánuco) y Fundación ANAR (Cusco).

"Con este proyecto buscamos que los niños y niñas, así como su familia y entorno más cercano, conozcan la ruta de atención y puedan acceder a los servicios de protección en caso de que sean víctimas de algún tipo de violencia” señaló Teresa Carpio.

Dentro del contexto del proyecto, referido a situaciones de violencia que a afectan a los menores de edad de nuestro país, se dio a conocer que durante los meses de enero a marzo existen 564 personas detenidas a nivel nacional por delitos de violación a la libertad sexual, ofensas al pudor público y omisión a la asistencia familiar contra menores de edad registradas por el RENADESPPLE (Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva) del Ministerio Público en convenio con Acción por los Niños. Este panorama refleja la situación de violencia a la que están expuestos los menores de edad.

De acuerdo a la información estadística entregada, durante los primeros meses del año, se reportaron 338 personas detenidas por el delito de omisión de asistencia familiar, cuando la personas no cumple con la prestación económica, previamente establecida por resolución judicial, que según el Código Penal, se sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años.

En segundo lugar, figura el delito de actos contra el pudor hacia menores de edad de 14 años. De acuerdo al reporte, existen 96 detenidos por este delito. El tercer delito con mayor número de detenido, es el de violación sexual a menores de edad de 10 a 14 años de edad. Por esta agresión, se encuentran detenidos 64 personas y que en su mayoría se encuentran en los distritos judiciales de Ucayali, Lima, San Martín, Puno, entre otros.

Por el delito de proxenetismo de menores de edad, durante estos meses se han registrado 18 detenidos ubicados en los distritos judiciales de Lima, Lima Norte y Piura.

Los detenidos por el delito de violación sexual a niños menores de 7 años suman 12 personas, que estarían a la espera de la pena máxima, que es la cadena perpetua. Dichos detenidos se encuentran en los distritos judiciales de Lima, Lima Norte, Ancash, Ayacucho, Junín La Libertad y Piura.

En el caso de los detenidos por violación a menores entre los 14 y 18 años de edad, existen 11 personas detenidas en los distritos de Lima, Lima Norte, Cañete, Cusco, Loreto, y Piura.

En la lista también figura otro delito relacionado contra la sexualidad de los niños. De acuerdo al Renadespple, se registró un total de 8 detenidos por violación sexual a niños entre 7 a 10 años a nivel nacional.

Es importante precisar que abordaje del proyecto para enfrentar situaciones de abuso, violencia y abandono es integral. Además involucra el trabajo con funcionarios de diversas entidades públicas y de la sociedad civil, responsables de la protección a los niños y niñas ante la violencia, la explotación y la exclusión.

Fuente Save the Children

Los servicios de atención para niños víctimas de violencia

El efecto que tiene la violencia sobre la vida de las niñas, niños y adolescente trasciende el ámbito familiar y privado e involucra al Estado a través de diversos agentes, como las instituciones de salud, la policía, los operadores de justicia, los Centros Emergencia Mujer y las DEMUNAS; espacios responsables de brindar servicios de atención a las víctimas de violencia física, sexual o psicológica.

Pero, ¿Cuántas de estas instituciones cumplen un rol responsable para brindar atención a las miles de víctimas que se acercan hasta los servicios y atender las repercusiones adversas que sufren las sobrevivientes de un acto de violación y las graves consecuencias de estos hechos en el corto, mediano y largo plazo? Cabe preguntarse si los hospitales, centros de salud, comisarías, fiscalía, y juzgados se encuentran aplicando la normatividad actual y si están brindando atención de calidad, basada en los protocolos específicamente establecidos para las víctimas de violencia física, sexual o psicológica.

Esta reflexión se debe porque existen serias dificultades para que los estándares se traduzcan en políticas operativas dentro de los servicios de atención, lo cual conlleva a que el Estado incumpla con su obligación de brindar una atención adecuada a las víctimas y que no atienda las necesidades de los niños, niñas y adolescentes del país.

Por ello es necesario que el Estado garantice que la atención de las víctimas de violencia sea considerada como una emergencia, con las obligaciones y consideraciones que se debe tener para estos casos por atentar contra la dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así como también es necesario, asignar una partida presupuestal a todos los servicios de atención, especialmente dedi¬cados a la atención de víctimas de violencia física, psicológica y sexual, para que puedan mejorar progresivamente la calidad en la atención a las miles de víctimas de violencia que existen en nuestro país.

Fuente: Libertad Bajo Palabra de IDL Radio.

http://www.ideeleradio.org.pe/web/wColumDT.php?idEsc=76

Poder judicial presenta proyecto para apoyar lucha contra violencia hacia niños

PODER JUDICIAL PRESENTARÁ PROYECTO DE LEY PARA EVITAR IMPUNIDAD DE CASOS DE ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL


El Poder Judicial presentará ante el Congreso de la República, un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal que permitirá hacer más eficientes las investigaciones y evitar la impunidad de los casos de abuso y explotación sexual infantil, anunció el Juez Supremo Titular, doctor Duberlí Rodríguez Tineo.

De esta manera este Poder del Estado, que forma parte del Colectivo Interinstitucional por los Derecechos del Niño, expresa su decisión política para apoyar el trabajo conjunto para luchar contra la violencia que muchas veces afectra a los niñas, niños y adolescentes.

El magistrado hizo este anuncio en representación del Presidente del Poder Judicial, doctor Javier Villa Stein, durante el acto cívico en el que recibió a cientos de alcaldes escolares, quienes solicitaron a las autoridades judiciales sancionar ejemplarmente estos delitos contra los niños, niñas y adolescentes.

La actividad fur organizada en coordinación con Acción por los niños, que también forma parte del Colectivo y en ella los alcaldes escolares presentes alzarón su voz para alertar sobre los actos de violencia que sufren los niños en diferentes escenarios: la familia, la escuela y la calle.

El magistrado explicó que el proyecto fue elaborado por un grupo de magistrados del Poder Judicial y que plantea incorporar la defensa gratuita y obligatoria por parte del Estado para las víctimas de estos delitos que no cuenten con recursos; y que la reparación civil que se imponga a los culpables sea asumida por el Estado cuando el responsable se declare insolvente.

Propone además que el niño o agraviado cuando declare ante la autoridad competente esté acompañado de una persona de su confianza; que el interrogatorio no lo haga un policía, fiscal o juez sino un profesional sicólogo; y que su declaración sea por única vez para evitar su revictimización.

El doctor Duberlí Rodríguez, reveló que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que preside ha dictado condenas severas por estos delitos de hasta 35 años de prisión y cadena perpetua.

En el acto participaron también la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez; la congresista Olga Cribilleros, presidenta de la Comisión Especial Revisora de la Ley de Protección contra la Violencia Familiar; el director ejecutivo de la ONG Acción Por los Niños, Juan Carlos Valdivia, magistrados e invitados.

Los alcaldes escolares entregaron al doctor Duberlí Rodríguez un pronunciamiento en el que demandaron a las autoridades judiciales se identifiquen con los niños y sancionen los actos cometidos en su contra.

(Fuente Poder Judicial-Foto Poder Judicial)